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Multas de 300.000 euros por incumplir la ley de Accesibilidad al Transporte
La norma contempla la posibilidad de sancionar a "personas físicas que actúen en calidad de particulares", aunque para los peatones, la sanción mínima se reducirá hasta los 100 euros.
miércoles, 25 de mayo de 2011

El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, y el conseller de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat valenciana, Mario Flores, presentaron este miércoles este proyecto de ley que, en estos momentos, está en proceso de tramitación en Les Corts Valencianes. En concreto, el plazo de presentación de enmiendas y alegaciones finalizará el 2 de septiembre.

Así, entre las sanciones leves, con multas de entre los 300 y 6.000 euros, destacan la parada de vehículos en determinadas marcas viales, el establecimiento de tarifas discriminatorias por el uso de ayudas por parte de personas con movilidad reducida, o no ceder los asientos preferentes; mientras que las sanciones graves, de entre 6.001 y 60.000 euros, cabe citar obstaculizar la accesibilidad prevista en la ley con labores de mantenimiento o con la implantación de mobiliario urbano, entre otras cuestiones.

En el caso de las sanciones muy graves, con multas que oscilan entre los 60.001 y los 300.000 euros, se impondrán por reiteradas infracciones graves, o cuando se haya puesto en peligro la salud de los usuarios, entre otros casos. Asimismo, se podrá suspender temporalmente a los responsables.

Entre las principales novedades de este proyecto, Flores subrayó "la concepción integral de la accesibilidad en el transporte". Así, se tienen en cuenta los itinerarios "sin límite", ya que se regula los recorridos que realizan los peatones; los medios de transporte, tanto públicos como privados; las estaciones; o los estacionamientos, entre otros aspectos.

Así, la norma no afecta sólo los medios públicos habituales, como el autobús, el metro o el tranvía, sino que también se extiende a los taxis o incluso, los coches de alquiler, ya que un porcentaje de los mismos deberá estar adaptado para personas con discapacidad, señaló el conseller. Del mismo modo, se ha llevado a cabo un "trabajo importante" para los aeropuertos y terminales, "pensando en futuras concesiones de transferencias por parte del Gobierno central".

La ley de accesibilidad no se refiere únicamente a personas con discapacidades físicas, sino que se amplía a todos los colectivos con movilidad reducida como personas mayores, mujeres embarazadas, o viajeros con niños, por lo que tiene una concepción "global", manifestó el conseller.

Otra de las novedades que mencionó es la creación de una nueva señal de tráfico, la línea roja, que supone una banda libre de obstáculos para las sillas de ruedas, y en la que estará prohibido tanto el estacionamiento como la parada de vehículos, con el fin de facilitar el paso.

Participación

Flores también hizo hincapié en que la ley de Accesibilidad, incluye la constitución de un Consejo de Participación del transporte adaptado de la Comunitat Valenciana que estará formado por representantes de las administraciones, asociaciones de mayores, personas con discapacidad, de consumidores, de empresarios y sindicatos que tendrá como principal cometido "velar por los intereses que inspiran" la norma.

Asimismo, el titular de Infraestructuras y Transportes precisó que el 95 por ciento de las líneas de Metrovalencia, son accesibles y, en el resto, un total de seis paradas de la línea 1, ya han comenzado las obras de adaptación. Por lo que se refiere al TRAM de Alicante y de Castellón ambos servicios con accesibles al 100 por cien, resaltó Flores.

Por su parte, Cotino, aseguró que esta ley beneficia a todas las personas que "tendrán mayor comodidad y mejor accesibilidad en sus desplazamientos". Añadió que la norma pretende que "la Comunitat Valenciana cuente con un sistema de transporte totalmente accesible, de modo que cualquier persona pueda desplazarse sin dificultades a pie, en taxi, en transporte público, o en vehículo de alquiler".

El vicepresidente social señaló que desde la Generalitat son "conscientes de que tienen que responder a las personas que presentan hechos diferenciales". Así, consideró que la ley cumple con uno de los objetivos "fundamentales" del Consell, como es "ayudar a que todas las personas, con independencia de sus condiciones físicas, puedan acceder en igualdad de condiciones a todas las oportunidades posibles".

 
 
 
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